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'Diario de Mallorca' y las delegaciones baleares de Europa Press e Efe

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El Diario de Mallorca y las delegaciones baleares de Europa Press y Efe fueron víctimas en diciembre de 2018 de registros, requisa de material e investigación de sus comunicaciones por orden del juez Miguel Florit, en relación con la publicación de información sobre el caso Cursach. El juez buscaba datos sobre sus fuentes de información, en un atentado intolerable contra el secreto profesional.

El 11 de diciembre de 2018, la policía se presentaba en las sedes del Diario de Mallorca y Europa Press en Palma para requisar teléfonos móviles, ordenadores, pendrives y documentación en papel. La operación policial respondía a una orden del juez Miguel Florit, del juzgado de instrucción número 12 de Palma, en relación con la publicación de información de un informe policial sobre la actividad fiscal de las sociedades del empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach, perteneciente a una pieza declarada secreta.

En el registro de Europa Press, tres policías y una agente judicial pidieron a una redactora que les facilitara el informe sobre el que había publicado una información y que revelara cómo lo había obtenido. La periodista, a la que no se le permitió consultar con su abogado, se acogió al secreto profesional para no responder, mientras los agentes requisaban su teléfono móvil e dous ordenadores. En el Diario de Mallorca fue también requisado el teléfono móvil de un periodista, pero los responsables del periódico se negaron a entregar de manera voluntaria los equipos informáticos requeridos por los policías.

Posteriormente, se supo también que el juez Florit había pedido el registro de un año de llamadas de la delegación de la Agencia EFE en Baleares, así como de las comunicaciones y la ubicación del teléfono móvil de una redactora. 

Todas estas actuaciones representan un atentado intolerable contra el secreto profesional, imprescindible para proteger la identidad de las fuentes periodísticas y consagrado como derecho fundamental por el artículo 20.1.d) de la Constitución Española. Así fue considerado también por numerosos profesionales, medios y organizaciones del mundo de la comunicación que alzaron su voz contra esta actuación judicial. 

Los textos aquí recogidos pertenecen a las candidaturas presentadas al Premio. Los organizadores no comparten, necesariamente, su contenido.